Este artículo forma parte de una serie de artículos periódicos sobre la investigación académica actual en materia de inversión sostenible. Los trabajos que se recogen en el presente artículo se presentaron en la última conferencia anual de GRASFI.
Trabajos académicos de interés
Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment es una alianza de colaboración entre universidades comprometidas con la producción de investigación interdisciplinaria de gran calidad y planes de estudio sobre finanzas e inversiones sostenibles. En esta serie recogemos algunos de los trabajos académicos más interesantes que se presentaron en la última conferencia de GRASFI, a los que incorporamos algunos aportes realizados por los profesionales de inversión de BNP Paribas Asset Management.
Como inversor sostenible para un mundo en evolución, BNP Paribas Asset Management patrocina los esfuerzos de GRASFI por aportar rigor académico a los desafíos a los que se enfrentan las finanzas y las inversiones responsables. Dicho patrocinio permite a BNP Paribas Asset Management acceder a los principales trabajos de investigación académica en materia de finanzas e inversiones sostenibles, enriqueciendo con ello el debate sobre estas cuestiones. Nuestra intención es compartir estas reflexiones con nuestros clientes y con todo el sector.
En Estados Unidos se gastan miles de millones de dólares en las elecciones, y una parte importante procede de los llamados «comités de acción política», cuya influencia puede extenderse al proceso de votación de los legisladores y a los resultados de las elecciones[1]. Sin embargo, no hay mucha información sobre los mecanismos a través de los cuales el dinero y la influencia, también de inversores y empresas, recorre el sistema político estadounidense.
En opinión de BNP Paribas Asset Management, ello pone de manifiesto la necesidad de transparencia en materia de donaciones políticas realizadas por las empresas. Aunque puedan tener un propósito, como ayudar a influir en los resultados, estas donaciones también implican un riesgo de corrupción política.
Las elecciones estadounidenses de 2020 fueron, con mucho, las más caras de la historia. El Center for Responsive Politics calculó que el coste de las elecciones presidenciales y al Congreso ascendió a 14.000 millones de dólares.
En el trabajo «Investing in influence: Investors, portfolio firms, and political giving» (Invertir en influencia: inversores, empresas y donaciones políticas), los autores[2] desvelan que la inversión en empresas puede ser una importante herramienta para que los inversores institucionales y los comités de acción política (CAP) puedan ampliar su influencia.
Los autores del artículo muestran que, entre los años 1980 y 2016, después de que un inversor adquiera una participación en una empresa, la probabilidad de que el CAP de dicha empresa realice donaciones a los mismos políticos que el CAP del inversor casi se duplica. Si el inversor obtiene un puesto en el consejo de administración de la empresa, dicha probabilidad se multiplica por cinco.
Los autores del estudio afirman que, de media, las grandes inversiones están relacionadas con empresas que aumentan, no disminuyen, sus donaciones políticas.
Después de que un inversor adquiera una participación en una compañía, la similitud de la donación política de la empresa con la del inversor «se explica por la sustitución de ciertas malas prácticas de buen gobierno. Así, nuestros resultados contribuyen de forma directa al debate activo en derecho y economía sobre el gobierno corporativo y la actividad política de las empresas».
La batalla por la financiación de las campañas políticas
Las empresas han tratado de influir en el proceso político desde que la ampliación del voto en las décadas de 1820 y 1830 redujo el poder electoral de la élite terrateniente, cambiando así el carácter de la democracia en Estados Unidos.
La época actual comenzó en 2010, cuando en una sentencia histórica, el Tribunal Supremo dictaminó[3] que, en virtud de la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, el gobierno no podía limitar la financiación corporativa de los gastos políticos independientes de las elecciones.
La decisión revocó la centenaria normativa en materia de financiación de las campañas políticas y permitió a las empresas, a los donantes y a los grupos de intereses especiales gastar fondos ilimitados en las elecciones y ejercer una influencia desmesurada en las mismas, con el riesgo de corrupción política.
La legislación en materia de financiación de las campañas electorales se propone contrarrestar dicha influencia, permitiendo a los ciudadanos determinar el origen de los intentos de influencia política y, por tanto, expulsar a los políticos de su cargo si consideran que están sometidos a intereses especiales.
Donaciones políticas e intereses de los inversores
Para determinar la influencia política, los autores analizaron los datos sobre inversión y donaciones políticas de todos los inversores conocidos como 13F (con un volumen de activos gestionados de al menos 100 millones de dólares) entre los años 1980 y 2016.
Compararon los datos de 9.632 inversores 13F con los de 61.415 empresas, y encontraron correlaciones en financiación política cuando la participación de los inversores en la compañía superaba el 1%.
El patrón resultaba especialmente acusado en aquellos casos en los que el inversor es un fondo de inversión privado o presenta una orientación más favorable a algún partido político.
Los autores tratan de interpretar sus conclusiones desde el punto de vista del gobierno corporativo y del bienestar de la sociedad. En su opinión, la mejor explicación para los datos que extraen de su estudio es que los inversores influyen en las empresas para que estas donen a los políticos en función de sus intereses. (El aumento de la correlación en la donación política cuando un inversor ocupa un puesto en el consejo de administración es un mecanismo potencial para que esto ocurra.)
¿De quién es el dinero que invierten?
Sin embargo, los autores no llegan a emitir una valoración contundente, porque las donaciones políticas de las empresas pueden resultar problemáticas. Uno de los problemas principales es el que se refiere a su función de representación, ya que el equipo directivo de la empresa puede utilizar para sus propios intereses un dinero que, en última instancia y en el caso del gasto de los CAP, pertenece a los empleados.
Y añaden: «Cuando entramos en el ámbito de la intermediación, es más difícil realizar afirmaciones categóricas sobre la mala asignación de capital desde la perspectiva de la compañía».
Sin embargo, piensan que sus conclusiones en relación con los fondos de inversión privados, que demostraron ejercer una mayor influencia sobre las empresas en las que invertían, «van en contra del espíritu de las leyes de financiación de campañas electorales».
Los autores comentan: «Esta mayor influencia por parte de los inversores institucionales privados señala que las inversiones pueden ser otro de los mecanismos que utilizan los individuos que ya son influyentes para ampliar aún más su influencia política de una forma que resulta difícil de percibir por la sociedad».
BNP Paribas Asset Management: se necesita una mayor transparencia
En relación con este trabajo académico, Adam Kanzer, director de stewardship en América de BNP Paribas Asset Management, señala:
«El gasto político de las empresas en Estados Unidos, directamente desde la propia tesorería de la empresa y, en el caso que analiza el artículo, por parte de los CAP y con dinero de los empleados, supone unos riesgos para los inversores y nuestros mercados que no han sido lo suficientemente valorados. Se supone que trata de servir a los intereses de los accionistas a largo plazo, pero es bastante opaco.
Los inversores han tratado de solucionar este problema fomentando una mayor transparencia y el control por parte de los consejos de administración de todos los gastos políticos de las empresas. Sin embargo, esto no aborda la cuestión de la legitimidad: ¿debe siquiera participar el dinero de las empresas en nuestro sistema electoral? Los inversores no se han pronunciado de forma significativa sobre la necesidad de reducir el gasto de las empresas en las elecciones, y muchos grandes inversores no consideran que una mayor transparencia esté justificada.
Para muchos inversores, el gasto político de las empresas es un “punto ciego”, tanto en un sentido literal como filosófico. Este artículo señala que los inversores de capital inversión pueden estar utilizando su influencia dentro de las compañías, sobre todo cuando forman parte del consejo de administración, para aumentar su influencia política. Puede haber una correlación sin causalidad, o puede tratarse de otro riesgo subestimado del gasto político de las empresas. Un estudio al respecto podría estar justificado».
Referencias
[1] Fuente: ‘Are PACs Trying to Influence Politicians or Voters?’; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0343.00036
[2] Investing in influence: Investors, portfolio firms, and political giving – Rustandy Center | Chicago Booth – Marianne Bertrand, Matilde Bombardini, Raymond Fisman, Francesco Trebbi, Eyub Yegen
[3] En la causa Ciudadanos unidos contra la Comisión de Elecciones Federales
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