Aunque a muchos economistas les pueda parecer tranquilizador que ni siquiera la inteligencia artificial más avanzada pueda predecir las próximas decisiones del presidente Donald Trump en materia de aranceles, el hecho de no saber lo que va a pasar no ayuda en nada a los inversores.
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La nueva ronda de decisiones en materia de política comercial estadounidense anunciada el pasado viernes 23 de mayo volvió a sorprender a los mercados. Estados Unidos amenazó con imponer aranceles del 50% sobre la exportación europea a partir del 1 de junio. Según el gobierno estadounidense, los negociadores europeos no estaban actuando de buena fe y no deberían seguir beneficiándose de la tregua de 90 días anunciada el pasado 9 de abril.
Solo dos días más tarde, tras hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente Trump volvió a retrasar el inicio de la aplicación de aranceles al 9 de julio. El objetivo es alcanzar un buen acuerdo comercial con las autoridades europeas.
Por su parte, las negociaciones entre Japón y Estados Unidos avanzan a buen ritmo. Se espera que el Secretario del Tesoro estadounidense participe en las conversaciones bilaterales previstas para esta semana. Es posible que el primer ministro japonés desee alcanzar un acuerdo durante la cumbre del G7 que se celebrará en Canadá entre el 15 y el 17 de junio.
¿Cómo hay que interpretar la política comercial estadounidense? Donald Trump parece oscilar entre un trato (muy) hostil y un trato (muy) flexible hacia los socios comerciales estadounidenses para hacer avanzar las negociaciones. No parece probable que vaya a desviarse del rumbo previsto, pero es cierto que cuando caen los mercados financieros y se desata la inestabilidad, tiende a relajar la presión. La volatilidad de su estrategia se traduce en volatilidad de los mercados.
La nueva ley fiscal de Trump: «One Big Beautiful Bill Act»
Por si las políticas proteccionistas no tuvieran ya suficientemente entretenidos a los inversores, las dudas sobre la sostenibilidad de la enorme deuda pública estadounidense han vuelto a cobrar protagonismo y podrían seguir haciéndolo en los próximos meses.
El pasado 22 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de medidas legislativas que, tal y como está formulado, podría incluso acabar aumentando el déficit presupuestario. La ley «One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA) impulsada por Donald Trump prorrogaría las rebajas fiscales que aprobó el actual presidente durante su primer mandato, que deberían vencer en 2025. El proyecto de ley aún tiene que debatirse en el Senado. En la Cámara de Representantes fue aprobado por una mayoría muy ajustada (215 votos frente a 214).
Según las primeras estimaciones, el proyecto de ley de reconciliación fiscal de la Cámara de Representantes para el año fiscal 2025 añadiría 2,5 billones de dólares al déficit primario de Estados Unidos durante los próximos diez años, lo que aumentaría la deuda, incluidos los intereses, en 3,1 billones de dólares.
Estos cálculos no tienen en cuenta las posibles enmiendas que pueda introducir el Senado, que exigirían que el proyecto de ley volviera a la Cámara de Representantes y se enfrentara a otra votación decisiva.
Además, el impulso que esta nueva ley daría este año al crecimiento de la economía estadounidense no sería especialmente acusado en comparación con el posible aumento del déficit. Las estimaciones ofrecidas explican el nerviosismo de los inversores en el mercado de títulos del Tesoro estadounidense. Las recientes subastas de deuda no han registrado una fuerte demanda (sobre todo la demanda de títulos a 20 años del 21 de mayo).
¿Una segunda versión de la ley?
El Partido Demócrata ya ha denunciado los recortes propuestos en materia de sanidad y prestaciones sociales, y varios senadores republicanos han advertido de que habrá que hacer cambios importantes a la propuesta de ley.
Algunos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado creen que los recortes en el gasto son demasiado reducidos. A otros les preocupa que la relevancia de los ámbitos a los que se dirigen las medidas propuestas (la asistencia sanitaria a través de Medicare, la alimentación y las prestaciones sociales a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, y la transición energética) pueda provocar un gran descontento entre los votantes de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre de 2026.
Otro riesgo que podría preocupar tanto a los representantes republicanos como a los demócratas es la posibilidad de que la economía estadounidense entre en recesión, lo que suele afectar en gran medida al mercado laboral. Por el momento, los indicadores económicos parecen tranquilizadores. El índice compuesto de gestión de compras superó las expectativas del mercado, con una mejora de la actividad tanto en el componente manufacturero (52,3) como en el del sector servicios (52,3). No obstante, el índice se sitúa en mayo en 52,1 puntos, por debajo de los casi 55 que se registraron en la segunda mitad de 2024.
Los índices que reflejan las presiones sobre los precios apuntan al alza. En los próximos trimestres sería lógico esperar un aumento de la inflación y una ralentización de la economía, como consecuencia de la crisis de oferta derivada de los aranceles y de la probable disminución del nivel de confianza de las empresas y los consumidores debido a las políticas de Trump.
¿Hay motivos para preocuparse por la oferta de bonos y la política monetaria?
En Estados Unidos, estamos asistiendo a una combinación poco habitual de:
A) Pleno empleo en la economía
B) Un importante déficit público
C) Propuestas de medidas políticas que no reducirán el déficit (que en 2024 se situaba ya en el 7,3% del PIB, según el FMI) ni estabilizarán la trayectoria fiscal.
Es comprensible que los inversores se cuestionen la posible evolución de la política monetaria y las perspectivas de emisión de deuda pública.
Un aumento de la oferta de deuda pública en un contexto en el que la deuda federal ya resulta desorbitada podría también favorecer la aparición de los llamados «vigilantes de bonos», que son inversores de renta fija que reaccionan vendiendo títulos de deuda cuando consideran que las políticas fiscal o monetaria pueden tener efectos inflacionistas.
La agencia de calificación crediticia Moody’s ha querido ajustarse al contexto fiscal y ha rebajado la calificación de Estados Unidos de Aaa a Aa1 y ha modificado la perspectiva de negativa a estable, en consonancia con la visión de las otras dos grandes agencias. Dada la relativa escasez de deuda con calificación AAA, que representa algo más del 10% del mercado mundial de bonos, no parece probable que esta rebaja de calificación vaya a provocar una venta forzosa de títulos del Tesoro estadounidense.
Lo que realmente afecta a los inversores cuando las perspectivas del mercado a largo plazo podrían verse comprometidas es la incertidumbre sobre el tramo corto de la curva, que suele mostrarse más sensible a la (posible) actuación de los bancos centrales, así como a la preocupación por la capacidad de la Reserva Federal de Estados Unidos para determinar su política con independencia.
En lo que respecta a la independencia de la Reserva Federal, ha habido algunas noticias tranquilizadoras.
El pasado 22 de mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió a la solicitud del gobierno de Trump de suspender las órdenes de los jueces federales que exigían a los funcionarios del gobierno permitir que los miembros del consejo de administración de dos organismos federales independientes (Gwynne Wilcox y Cathy Harris) permanecieran en sus cargos. La decisión permite al presidente Trump destituir sin causa justificada a estos dos funcionarios.
Sin embargo, el Tribunal Supremo también afirmó que la estructura de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal no se ve amenazada, ya que se trata de «una entidad de estructura única, cuasi privada, que sigue la tradición histórica distintiva del Primer y Segundo Banco de Estados Unidos».
Es decir: la sentencia que permite la destitución sin causa justificada de los funcionarios no se aplica a los gobernadores de la Reserva Federal.
Esta es una buena noticia para la independencia de la entidad y debería tranquilizar a los inversores, o al menos no aumentar sus preocupaciones. El presidente Trump no ha dudado en criticar abiertamente al presidente del banco central, Jerome Powell, e incluso ha insinuado que debería ser destituido de su cargo. El Tribunal Supremo ha declarado que esta función queda fuera de su competencia.
Siempre es una buena noticia poder contar con al menos un elemento de estabilidad en estos tiempos tan inestables.
