El papel y el valor de las grandes tecnológicas, un sector con gran potencial de crecimiento, pero que se ve también afectado por problemas de privacidad y seguridad, pueden ser objeto de un intenso debate y plantear ciertos interrogantes. ¿Cómo podemos determinar su influencia desde una perspectiva de sostenibilidad?
Este artículo forma parte de nuestra serie de conferencias sobre inversión en las que presentamos nuestras reflexiones sobre cuestiones importantes. Para esta serie nos basamos en nuestro simposio anual, un destacado encuentro en el que los profesionales de la inversión de BNP Paribas Asset Management profundizan en las cuestiones que configuran el futuro. Este encuentro sirve también de marco para que ponentes expertos de gran nivel aporten nuevas ideas sobre los retos de nuestro tiempo, poniendo a prueba nuestras convicciones y haciendo que nos replanteemos nuestras ideas.
En esta ocasión, Berenice Lasfargues nos comenta las declaraciones realizadas por uno de los ponentes principales, David Kaye, de la Universidad de California, en Irvine. Kaye es profesor de derecho, antiguo relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y actual presidente independiente del Consejo de la Global Network Initiative, en la que participa activamente BNP Paribas Asset Management.
Las grandes tecnológicas: dos caras de una misma moneda
Por un lado, la tecnología ofrece un acceso abierto, pone la información y los contenidos a disposición de las poblaciones marginadas y da voz a aquellos que no la tienen. También está favoreciendo la aparición de soluciones innovadoras en el sector sanitario, entre otros. En ese sentido, podría decirse que la tecnología contribuye a la igualdad social [1].
Al mismo tiempo, las grandes compañías del sector, conocidas como las «grandes tecnológicas», han sido cuestionadas desde la perspectiva de los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). Así, por ejemplo, algunos las acusan de favorecer la manipulación de elecciones [2] y la vigilancia invasiva. También preocupan otras cuestiones, como su dominio del mercado, el hecho de que favorezcan sus propias aplicaciones o funcionalidades en detrimento de las de sus rivales [3] o incluso la gran demanda de redes eléctricas de sus centros de datos [4].
El dominio de las principales empresas tecnológicas puede verse en el comercio minorista y también en el poder de los gigantes del comercio electrónico, así como en los vínculos que existen entre los sectores de la publicidad y las redes sociales. Las innovaciones tecnológicas del sector privado han impulsado la disrupción y el cambio en materia económica, social y política en numerosas áreas, desde las telecomunicaciones y la seguridad digital a la entrega de alimentos y la gestión de las cadenas de suministro.
A la hora de evaluar las grandes tecnológicas, el profesor Kaye citó las dificultades, las contrapartidas y los principios. En cierta medida, pensamos que estos tres elementos reflejan tres importantes consideraciones de inversión: el riesgo, la oportunidad y la responsabilidad.
Dificultades y contrapartidas
La evaluación del poder de los gigantes tecnológicos constituye una dificultad por dos motivos.
El primero es la complejidad. Las complicadas redes de software y el hardware complejo y sensible exigen una gran labor de interpretación para que los responsables políticos y los inversores puedan llegar a entender su funcionamiento.
El segundo motivo tiene que ver con las contrapartidas, que pueden provocar problemas relacionados con la vida pública, la privacidad, la salud y la seguridad nacional. Los gobiernos y las sociedades son conscientes de que la desinformación y los discursos de odio a través de internet pueden provocar un gran daño a la sociedad, pero, por otro lado, las medidas que se tomen para abordar estos problemas también pueden afectar a la libertad de expresión y el acceso a la información. Las redes sociales y otras herramientas digitales pueden resultar perjudiciales para los niños, pero también pueden ampliar su capacidad de aprendizaje, dotarles de pensamiento crítico y favorecer que acaben convirtiéndose en adultos plenamente conscientes.
Es evidente que necesitamos un marco que nos ayude a entender cómo tomar las decisiones adecuadas desde el punto de vista normativo o, lo que es lo mismo, satisfactorias desde una perspectiva de inversión.
Un marco normativo adecuado para la inversión
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos se elaboraron para abordar las obligaciones de los gobiernos, y de las empresas, en el contexto del impacto de las empresas sobre los derechos humanos [5].
Según dichos principios, los Estados deben ofrecer protección frente al abuso de los derechos humanos, incluido el abuso cometido por las empresas, lo que significa que deben tomar las medidas que resulten apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos. Los principios establecen que las compañías tienen la responsabilidad de prevenir o mitigar el daño a los derechos humanos, y cuentan con la capacidad y las herramientas para hacerlo.
Los inversores han acudido a estos principios como un marco para evaluar el comportamiento empresarial responsable en materia de derechos humanos, lo que incluye la evaluación de las grandes tecnológicas.
Diligencia debida en materia de derechos humanos
El profesor Kaye señaló que, para una empresa, el comportamiento responsable en materia de derechos humanos implica elaborar o tener políticas que fomenten la prevención y mitigación de los daños, así como la incorporación de procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos en todas las fases, desde el desarrollo del producto al cliente final.
No sería muy diferente a la normativa en materia medioambiental o climática: muchos gobiernos exigen a las empresas la evaluación de su impacto medioambiental, así que, ¿por qué no evaluar también el impacto sobre los derechos humanos?
En nuestra opinión, los inversores pueden influir de forma esencial en las medidas destinadas a que las empresas sean conscientes de que las políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos constituyen herramientas valiosas para una actividad empresarial responsable.
Adopción de un enfoque en el que participen todas las partes interesadas
¿Estamos dispuestos, como sociedad, como inversores, como responsables políticos, a tomar las medidas necesarias para garantizar la actuación responsable de las grandes tecnológicas [6]?
El fomento de un comportamiento empresarial responsable significa, por ejemplo, que, en el contexto de la moderación de contenidos, el discurso de odio y la desinformación, se anima a las empresas a aplicar los principios de libertad de expresión con transparencia, lo que también incluye la aplicación de medidas de reparación. Según el profesor Kaye, la sociedad dispone de las herramientas necesarias para garantizar que las grandes tecnológicas actúan en consonancia con el interés público. No obstante, con el tiempo, existe el riesgo de que resulte más complicado actuar con firmeza al respecto.
Notas y referencias
[1] Véase por ejemplo How 5G can be a force for social equality
[2] Véase por ejemplo Tech Executives Are Contrite About Election Meddling, but Make Few Promises on Capitol Hill
[3] Véase por ejemplo Investigation of Competition in Digital Markets
[4] Véase por ejemplo Data Centres and Data Transmission Network
[5] En virtud de nuestro código deontológico responsable, incluimos estos principios en nuestros procesos de selección y de diligencia debida. En este enlace puedes consultar nuestro código deontológico.
[6] En BNP Paribas Asset Management pensamos que la inversión responsable comprende el diálogo activo y la delegación de voto, el trabajo con los responsables políticos en cuestiones fundamentales relacionadas con la inversión y las finanzas sostenibles y la participación en las principales redes de inversores en materia de cuestiones ESG. En este enlace puedes leer más información al respecto.
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